Publicado el 12/07/2025 por Administrador
Vistas: 80
Veinticuatro años después del ataque terrorista más devastador en suelo estadounidense, el proceso judicial contra Khalid Sheikh Mohammed, señalado como el principal autor intelectual del 11 de septiembre de 2001, ha sufrido un nuevo giro. Un tribunal federal de apelaciones en Washington D. C. anuló este viernes el acuerdo de culpabilidad que permitiría a Mohammed y otros dos coacusados evitar la pena de muerte a cambio de cooperar con la justicia.
La Corte de Apelaciones del Circuito de Columbia, en una decisión dividida de 2 a 1, validó la anulación del acuerdo que había sido negociado por fiscales militares y aprobado por instancias del Pentágono. El entonces secretario de Defensa, Lloyd Austin, fue quien revocó el pacto en 2023 argumentando que el caso merecía un juicio completo y público, y que la posibilidad de imponer la pena capital no debía ser descartada.
Los jueces Patricia Millett y Neomi Rao afirmaron que Austin actuó dentro de los márgenes de su autoridad, y que preservar el interés público y el derecho de las víctimas a un juicio transparente tenía más peso que cualquier eficiencia procesal. En disidencia, el juez Robert Wilkins expresó que no se justificaba revertir un pacto aceptado por las partes y por las familias que buscaban cierre.
El acuerdo invalidado habría permitido a Mohammed y a sus coacusados Ramzi bin al-Shibh y Walid bin Attash declararse culpables de los cargos en su contra a cambio de recibir cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. A cambio, debían cooperar con la justicia y participar en sesiones con familiares de las víctimas.
Para muchas de estas familias, el pacto representaba la única posibilidad concreta de obtener respuestas directas de los acusados. Ahora, con su anulación, el proceso vuelve a foja cero, con un juicio militar potencialmente años por delante y un escenario de pena de muerte que divide a la opinión pública.
El caso de Mohammed se ha visto empantanado por múltiples retrasos desde su traslado a la prisión de Guantánamo en 2006. Entre los factores que han complicado el proceso están las acusaciones de tortura durante su detención en sitios secretos de la CIA, la legalidad de los tribunales militares y los constantes cambios en el equipo legal tanto de la defensa como de la fiscalía.
La administración Biden, aunque crítica del sistema de comisiones militares de Guantánamo, ha respaldado en este caso la decisión de mantener la vía judicial abierta y no cerrar el proceso mediante un acuerdo.
Desde sectores de derechos humanos, la decisión ha sido recibida con frustración. Denuncian que, tras más de dos décadas, el sistema ha fallado en brindar justicia o reparación, y que se perpetúa un limbo legal que revictimiza a los familiares de quienes murieron en los atentados.
Por ahora, la posibilidad de una resolución rápida parece esfumarse. Se espera que la defensa de los acusados recurra nuevamente, incluso ante la Corte Suprema, lo que podría alargar aún más un caso que, para muchos, ya simboliza el estancamiento de justicia en nombre de la seguridad nacional.
